El presidente y el director general de Farmaindustria se reunieron hoy en Madrid con el Presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, a quien trasladaron la preocupación de la industria farmacéutica innovadora por la ruptura de la unidad del mercado farmacéutico español, la ruptura de la unidad en la prestación farmacéutica en el territorio nacional y, en definitiva, la ruptura de la legalidad y del Estado de derecho consecuencia de algunas iniciativas puestas en marcha o planteadas desde distintas comunidades autónomas.
Al respecto, el presidente, Jordi Ramentol, y el director general de la Asociación, Humberto Arnés, pusieron de manifiesto la sensibilidad del sector a las dificultades económicas por las que atraviesa actualmente España y su contribución a la sostenibilidad del sistema sanitario, pero insistieron en que algunas medidas adoptadas en determinadas regiones están generando desigualdades de derechos entre los ciudadanos en función de la comunidad autónoma en la que residan, poniendo en riesgo la unidad del mercado y la estabilidad del marco regulador del sector farmacéutico.
En concreto, se refirieron al catálogo priorizado de medicamentos aprobado por la Xunta de Galicia, denunciando que supone una clara invasión de competencias estatales por parte de la comunidad autónoma Gallega y constituye una vulneración de la legalidad vigente.
El presidente y el director general de Farmaindustria insistieron en el grave hecho que supone el incumplimiento de la normativa en vigor por parte de una comunidad autónoma, ya que la oferta de medicamentos corresponde de manera exclusiva al Ministerio de Sanidad para toda España, y reclamaron un escenario de seguridad jurídica que permita a las compañías planificar su futuro con mayores garantías. En este sentido, insistieron en que en los últimos meses desde España se están enviando señales muy negativas para los mercados internacionales, que generan desconfianza en el marco regulador de la industria farmacéutica en nuestro país, lo que repercute muy negativamente sobre las posibilidades de las compañías aquí asentadas para atraer a corto y medio plazo inversiones productivas y en I+D.
Asimismo, hicieron hincapié en que a estas medidas de política autonómica hay que sumar los graves impactos que han tenido para la industria farmacéutica en España los Reales Decretos 4/2010 y 8/2010, que reducirán los ingresos del sector en unos 2.100 millones de euros anualizados, lo que equivale a una reducción del 14% del mercado farmacéutico y casi dos veces mayor que el resultado de la industria en 2008, lo que afectará especialmente al empleo (sólo en la segunda parte de 2010 se han perdido más de 4.000 puestos de trabajo y los ajustes continuarán en 2011) y a las inversiones en I+D del sector, que se reducirán en unos 300 millones anuales.
Por todo ello, alertaron de que, de no revertirse esta situación, no sólo desparecerán laboratorios hasta ahora eficientes, sino que se asestará un golpe casi definitivo a las posibilidades de esta industria para constituir un sector referente del nuevo modelo económico español. Finalmente, reclamaron la colaboración de las Administraciones para configurar y mantener un entorno regulador sectorial que genere unas expectativas empresariales adecuadas y, especialmente, estabilidad y confianza para que las empresas puedan planificar el futuro con mayores garantías.
Al respecto, el presidente, Jordi Ramentol, y el director general de la Asociación, Humberto Arnés, pusieron de manifiesto la sensibilidad del sector a las dificultades económicas por las que atraviesa actualmente España y su contribución a la sostenibilidad del sistema sanitario, pero insistieron en que algunas medidas adoptadas en determinadas regiones están generando desigualdades de derechos entre los ciudadanos en función de la comunidad autónoma en la que residan, poniendo en riesgo la unidad del mercado y la estabilidad del marco regulador del sector farmacéutico.
En concreto, se refirieron al catálogo priorizado de medicamentos aprobado por la Xunta de Galicia, denunciando que supone una clara invasión de competencias estatales por parte de la comunidad autónoma Gallega y constituye una vulneración de la legalidad vigente.
El presidente y el director general de Farmaindustria insistieron en el grave hecho que supone el incumplimiento de la normativa en vigor por parte de una comunidad autónoma, ya que la oferta de medicamentos corresponde de manera exclusiva al Ministerio de Sanidad para toda España, y reclamaron un escenario de seguridad jurídica que permita a las compañías planificar su futuro con mayores garantías. En este sentido, insistieron en que en los últimos meses desde España se están enviando señales muy negativas para los mercados internacionales, que generan desconfianza en el marco regulador de la industria farmacéutica en nuestro país, lo que repercute muy negativamente sobre las posibilidades de las compañías aquí asentadas para atraer a corto y medio plazo inversiones productivas y en I+D.
Asimismo, hicieron hincapié en que a estas medidas de política autonómica hay que sumar los graves impactos que han tenido para la industria farmacéutica en España los Reales Decretos 4/2010 y 8/2010, que reducirán los ingresos del sector en unos 2.100 millones de euros anualizados, lo que equivale a una reducción del 14% del mercado farmacéutico y casi dos veces mayor que el resultado de la industria en 2008, lo que afectará especialmente al empleo (sólo en la segunda parte de 2010 se han perdido más de 4.000 puestos de trabajo y los ajustes continuarán en 2011) y a las inversiones en I+D del sector, que se reducirán en unos 300 millones anuales.
Por todo ello, alertaron de que, de no revertirse esta situación, no sólo desparecerán laboratorios hasta ahora eficientes, sino que se asestará un golpe casi definitivo a las posibilidades de esta industria para constituir un sector referente del nuevo modelo económico español. Finalmente, reclamaron la colaboración de las Administraciones para configurar y mantener un entorno regulador sectorial que genere unas expectativas empresariales adecuadas y, especialmente, estabilidad y confianza para que las empresas puedan planificar el futuro con mayores garantías.
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